Como ocurrió con la asignación universal por hijo, el gobierno de San Luis puso otro freno a beneficios que vienen del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Les ordenó a los médicos de todos los hospitales públicos que no firmen los certificados de invalidez, entorpeciendo los trámites que hacen miles de vecinos para obtener la ayuda.
Para Enrique Ponce, coordinador del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se trata de una “confusión” y espera que el gobierno subsane el error.
“Es una circular que emitieron autoridades del gobierno de la provincia, a través de las cuales se les ordena a los médicos que directamente no avalen los certificados de discapacidad y les transmitan a los pacientes que deben dirigirse a la Junta Médica de Evaluación que se ha creado en la provincia”, comentó Ponce.
El funcionario aclaró que la disposición provincial “significa la pérdida de derecho de una pensión, porque la gente del interior tendría que viajar a la ciudad San Luis para pedir un turno, que le fijen fecha y esperar que le firmen el certificado. Es algo que va contra el sentido común y contra la Ley que establece que la pensión no contributiva es un derecho”.
Explicó que “si una persona tiene alguna discapacidad que le impide trabajar, son los médicos de hospitales públicos los que tienen que certificarlo. Lamentablemente en San Luis el gobierno sacó una resolución que va en contra de esa disposición nacional. Creemos que se debe a una confusión legal del área de Salud”.
Dijo que la Junta Médica provincial “fue creada, justamente, para pensiones provinciales no para las nacionales. Está claro que es un error y que se va a rectificar porque, de lo contrario, se les está negando el derecho a miles de ciudadanos y estaremos ante la misma situación que tienen que padecer quienes accedieron a la asignación universal por hijo, que deben tramitar una certificación negativa cada seis meses”. Contó que la situación ya fue planteada al ministerio de Salud de la provincia “donde también entregamos toda la documentación que avala el trámite que desde el ministerio de Desarrollo Social se está implementando en todas las provincias. Además pusimos en conocimiento de los funcionarios de San Luis los nuevos requisitos y disposiciones del certificado médico oficial, para garantizar que no se ‘trucharán’ estos documentos”.
El nuevo certificado es un instrumento público por el cual un médico de hospital público certifica el grado de invalidez y, con otros trámites y un informe de un trabajador social, la persona se accede a la pensión.
“Lo que se ha modificado es el formulario del certificado, para evitar que circulen fotocopias. Se dispuso que en cada Municipio quedarán registrados en un libro los formularios que sean retirados. El documento está confeccionado en un papel, tipo cheque, con número de serie y otros detalles. Posee un talón donde se repiten los datos que queda asentado en el Libro de Registro”, señaló.
El certificado tiene que ser firmado por personal del área social del Municipio “y en el reverso se tiene que volcar, en base a todos los antecedentes médicos, la afección física de incapacidad con la firma del médico, el sello de la institución y la firma del jefe del Hospital”.
“Estos son algunos de los nuevos detalles del formulario que se han dispuesto para evitar que circulen fotocopias y se use este plan social con otros fines. Además, la gente tiene que saber que los trámites son gratuitos y personales”, añadió. Ponce informó por último que los vecinos pueden concurrir los lunes, miércoles sy viernes a la FICES, en 25 de Mayo 380, y los martes y jueves en la sede del Fomento Las Mirandas, para solicitar información y asesoramiento con relación a las pensiones |
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